Guanajuato.- Los representantes ciudadanos del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reprocharon las medidas emprendidas por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en un caso de violencia política de género, pues atentan contra la libertad de expresión, así como al derecho que tienen los guanajuatenses de estar informados.
A través de un comunicado, el consejo señaló que les sorprende que el IEEG pretenda atacar la violencia política de género censurando a los medios de comunicación y pasando por encima del artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
El pasado el 28 de noviembre, la precandidata a la gubernatura por Morena-PVEM-PT, Alma Alcaraz Hernández, informó que denunció por violencia política de género al líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza y al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
El líder nacional del PAN, aseguró que Morena “había tirado la toalla” al postular a Alma Alcaraz y no al ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.
En una entrevista el Gobernador coindició con las declaraciones de Marko Cortés; ambas fueron replicadas fielmente por los medios de comunicación.
A raíz de la denuncia, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEG decretó medidas cautelares, dentro del proceso especial sancionador 78/2023-PES-CG.
Al resolver, las medidas no son dirigidas a los políticos denunciados sino a medios de comunicación como El Sol de León, Periódico AM, Nuestras Noticias Bajío y al comunicador, Alejandro Ramírez Ramblas, a quienes ordenó el retiro de las publicaciones donde documentaron las declaraciones de los políticos.
Ante esto, recordaron que el pasado 19 de abril, los reporteros que integran el Consejo Estatal de Protección; la subsecretaría de gobierno, Elvira Paniagua Rodríguez y el secretario Técnico, Adrián Nájera; sostuvieron una reunión con la presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz; y con la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez.
“Fue para alertarlas sobre casos de periodistas que fueron inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), por difundir declaraciones de políticos y que al final el tribunal federal absolvió porque ellos no fueron los generadores de la violencia”.
Agregaron que la postura de la presidenta del IEEG fue tajante pues pidió “no escribir, ni difundir declaraciones que incurran en presunta violencia política de género”. La respuesta fue que no podía censurar a los medios de comunicación, ni atentar contra la libertad de expresión y contra el derecho de la población a estar informada.
El 15 de junio se realizó una segunda reunión con la presidenta del IEEG y con autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), a la que asistió el secretario de Gobierno y presidente del Consejo, Jesús Oviedo Herrera, donde nuevamente se externo dicha preocupación.
“No es función de los medios de comunicación corregirle la “plana” a los políticos, la ciudadanía tiene el derecho a saber como piensan los políticos y candidatos. La labor de los medios de comunicación es difundir realidades y no ‘editar’ declaraciones como quiere el IEEG. La población tiene el derecho de tener elementos para emitir un juicio sobre el actuar y las posturas de los políticos y gobernantes”.
Advirtieron que censurando a los medios de comunicación no será erradicada la violencia política de género.
“Desde nuestro punto de vista el IEEG debe enfocarse en los generadores de violencia. En el caso que nos ocupa no toca a los políticos denunciados”.
Por lo anterior, exhortaron a comunicadores y medios de comunicación, afectados por las medidas cautelares del IEEG, a que recurran a las instancias judiciales correspondientes para defender la libertad de expresión y el derecho a la población a recibir información veraz, sin los recortes exigidos por la autoridad electoral.
