Guanajuato, Guanajuato
En lugar de centrar todos sus esfuerzos en revanchas contra opositores, con el consiguiente descrédito de instituciones del estado a las que utiliza con propósitos político-electorales, el gobernador Miguel Márquez Márquez debería prestar atención a la crisis de inseguridad y de salud que afecta a los guanajuatenses.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), diputado Santiago García López, reiteró que la demanda por peculado y solicitud de desafuero de la diputada federal Bárbara Botello por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es una persecución que tiene su origen en la postura crítica que ha asumido la legisladora frente al gobierno estatal.
Para fundamentar su afirmación, recordó que apenas el 5 de julio de este año la ex alcaldesa de León presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué, por el posible delito de uso de recursos públicos para beneficio propio en sus aspiraciones de ser el candidato del PAN a la gubernatura del estado.
“Y antes, la legisladora priista propuso un Punto de Acuerdo para exhortar al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a evaluar los resultados del programa Escudo a fin de reducir los índices delictivos, siempre en aumento los de más alto impacto”, añadió Santiago García López, quien recordó que finalmente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio trámite favorable a esa petición.
“Además de demandar al delfín del gobernador, cuestionó el programa estrella del gobierno de Miguel Márquez Márquez en materia de seguridad pública”, resumió Santiago García, quien subrayó que esos antecedentes y el hecho de que la arremetida contra la ex alcaldesa de León iniciará precisamente días después de arrancar el proceso electoral, son elementos que dejan claro que se trata de una revancha política.
Remarcó además que esa embestida cumple también con el objetivo de levantar una cortina de humo que cubra los asesinatos violentos de todos los días, el crecimiento vertiginoso del dengue y los incontables casos de corrupción que han caracterizado al gobierno de Miguel Márquez Márquez.
Después de resaltar que la demanda contra Bárbara Botello se caracterizó por una danza de cifras que empezó con 500 millones de pesos, descendió a 87 y terminó en un millón y medio de acuerdo a lo informado oficialmente por la instancia competente, se refirió a los casos que han puesto en tela de juicio la honestidad de funcionarios estatales y que han dado al traste con la transparencia y rendición de cuentas.
Se refirió concretamente a los más de 2 mil 700 millones de pesos invertidos en Escudo y a la ausencia de resultados, a la compra de medicamentos con sobreprecio siempre a las mismas dos farmacéuticas por un monto superior a los 8 mil millones de pesos.
Asimismo, a la compra de terrenos para Toyota que dejó ganancias millonarias a particulares en perjuicio de campesinos y, finalmente, a la asignación irregular de 66 millones de pesos en obra pública por parte del secretario de Turismo a través de una asociación civil que él mismo preside.
