Guanajuato, Guanajuato.- Entre debates y resistencias a que se hiciera pública la lista, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal Estatal para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. Se establece de manera clara que la reparación del daño moral no exime a las personas sentenciadas de ser inscritas en el registro.
También dispone que el juez deberá ordenar, de manera obligatoria, la inscripción en este padrón cuando exista sentencia firme por delitos como feminicidio; trata de personas menores de 18 años; abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes; acoso y hostigamiento sexual en agravio de menores; afectación a la intimidad; captación y tráfico de menores; corrupción de menores e incapaces; explotación sexual y lenocinio.
La inscripción se realizará una vez que la sentencia haya quedado firme y el registro permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la pena de prisión. Incluso, aplicará en los casos en que la pena sea sustituida o suspendida conforme a la ley. Además, se mantendrá por un periodo adicional de diez años a partir de que la persona sentenciada obtenga su libertad.
De igual manera, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se establece que será esta institución la encargada de administrar y operar el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
El dictamen fue presentado por la panista Susana Bermúdez Cano, quien señaló que el dictamen trascenderá de manera directa en la vida de las víctimas de delitos sexuales y de sus familias, porque la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es una de las que más lesiona, y lesiona no solo el tejido social, sino que atenta de manera grave e irreparablemente la integridad de las personas.
Es inconstitucional, acusa el PRI
La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia le reviró: manifestó que debían actuar con rigor constitucional. Afirmó que proteger a la niñez no puede significar aprobar normas inconstitucionales o técnicamente deficientes y acusó que existe un problema directo de constitucionalidad, que un registro público, con publicidad generalizada y una temporalidad que excede la pena, opera en los hechos como una sanción adicional, lo que contraviene el artículo 22 constitucional por su desproporcionalidad, y vulnera derechos fundamentales como la reinserción social del artículo 18 y la privacidad.
El exverde Sergio Alejandro Contreras Guerrero respaldó al dictamen y señaló que hablar de un registro no era algo nuevo, que ya existían otros como el Registro Estatal Único de Servidores Públicos y Particulares Sancionados en Guanajuato, que permite consultar inhabilitaciones y sanciones por faltas administrativas graves cometidas por funcionarios estatales y municipales; así como un Registro de Deudores Alimentarios Morosos que contiene la información de las personas que incumplen con la presión alimentar.
Apuntó que cuando alguien que cometió esos delitos sale, puede abrirse la posibilidad del contacto directo con potenciales víctimas, por lo que se está apostando por un sistema de prevención moderno y valiente, se está reconociendo que la lucha contra la violencia sexual requiere de datos, de vigilancia, de un compromiso institucional. Resaltó que los derechos humanos no pueden ser un escudo para el agresor ni una condena para la persona que ha sido violentada, que primero están la dignidad, la seguridad y la vida de quienes han sufrido y no de quien decidió destruirlos.
El panista Rolando Fortino Alcántar Rojas también habló a favor y aclaró que el diseño normativo propuesto para Guanajuato difiere significativamente del de la Ciudad de México, previamente invalidado por la Suprema Corte, al no establecer reglas procesales fuera de la competencia local ni exceder plazos de permanencia injustificados.
El diputado subrayó que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte reconocieron que este tipo de registros persiguen un fin constitucionalmente válido y son un medio idóneo para combatir la violencia sexual, además de que la medida sirve como un instrumento preventivo y disuasivo que permite a la sociedad y a las autoridades identificar a sentenciados por delitos sexuales, garantizando la debida diligencia y una protección reforzada para las infancias.
La panista Karol Jared González Márquez se sumó a favor del dictamen y argumentó que era una medida para garantizar los derechos de la niñez.
Bermúdez Cano lamentó los argumentos presentados en contra de la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, calificando como incongruente que se priorice la defensa técnica de los sentenciados por encima de las herramientas de protección para las víctimas. Dijo el registro debe ser visto como una herramienta necesaria de prevención y justicia, aunado a que la labor legislativa debe centrarse en fortalecer los instrumentos de seguridad y respuesta del Estado, asegurando que el enfoque principal permanezca en la salvaguarda de la integridad de las víctimas y no en la protección de quienes han vulnerado la ley.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, pero luego se armó el debate para las reservas.
Debate por hacer o no pública la lista
El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor presentó una reserva con la finalidad de eliminar el carácter público del mismo para garantizar su solidez jurídica. Se advirtió que mantener la publicidad generalizada del registro derivará inevitablemente en su invalidación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como ocurrió con el modelo de la Ciudad de México, al ser considerado una pena estigmatizante que vulnera el derecho a la reinserción social y la protección de datos personales.
Enfatizó que esta modificación dota a la ley de eficacia y seguridad jurídica, evitando que una herramienta necesaria para la protección de las víctimas quede sin efectos por un control de constitucionalidad.
El morenista Antonio Chaurand Sorzano pasó a tribuna a respaldar a su compañero de partido y nuevamente Susana Bermúdez Cano defendió el carácter público del registro de agresores sexuales. Cuestionó que se prioricen los derechos a la privacidad y protección de datos de los victimarios por encima de la seguridad de las mujeres y la niñez.
La panista González Márquez se manifestó contra la reserva y por mayoría de votos, la reserva no fue aprobada.
