Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso local aprobó la ley para regular asentamientos irregulares y de reformas para garantizar mayores derechos laborales para personas dedicadas a la seguridad pública, así como transitar hacia vehículos sustentables.
Nueva ley para regular asentamientos humanos
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, ordenamiento que tiene como propósito establecer un marco jurídico integral para atender, prevenir y regular los asentamientos humanos irregulares en la entidad.
Con esta nueva legislación se busca otorgar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a miles de familias guanajuatenses, además de generar condiciones para una adecuada planeación urbana y territorial en los municipios.
Entre los principales aspectos del nuevo ordenamiento destaca el establecimiento de procedimientos claros y homologados para la regularización de asentamientos humanos, definiendo las atribuciones y competencias de las autoridades estatales y municipales involucradas en estos procesos.
Asimismo, la ley incorpora mecanismos para garantizar que los procedimientos de regularización se realicen de manera ordenada y transparente, con pleno respeto a los instrumentos de planeación urbana, evitando la ocupación de zonas de riesgo, áreas naturales protegidas o espacios no aptos para el desarrollo urbano.
La nueva legislación también prevé acciones orientadas a prevenir la generación de nuevos asentamientos humanos irregulares, promoviendo la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para fortalecer las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
De igual manera, se establecen disposiciones para facilitar el acceso de las familias beneficiarias a la escrituración de sus inmuebles, brindándoles seguridad jurídica respecto de su patrimonio y favoreciendo el acceso a servicios públicos básicos.
Al hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las personas diputadas Jorge Arturo Espadas Galván, Luis Ricardo Ferro Baeza y Luz Itzel Mendo González.
Proteger derechos de personal de seguridad pública
También reformaron la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de para fortalecer la protección de los derechos laborales de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública que sean separadas injustificadamente de sus cargos, al tiempo que se garantiza un manejo responsable de los recursos públicos.
Con estos ajustes se establece que, cuando una autoridad jurisdiccional determine de manera firme que la separación, remoción, baja o cese de un integrante de una corporación policial fue injustificada, este tendrá derecho a una indemnización equivalente a tres meses de sueldo base más veinte días de salario por cada año laborado, así como al pago de las prestaciones correspondientes por un periodo máximo de doce meses.
También se elimina la disposición vigente que prohibía de manera absoluta el pago de salarios caídos, criterio que ha sido considerado inconstitucional por órganos jurisdiccionales. Además, se incorpora una disposición para establecer que las acciones destinadas a reclamar el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás prestaciones prescribirán en un plazo de un año contado a partir del momento en que la obligación sea exigible. El panista José Erandi Bermúdez Méndez habló a favor de la propuesta.
Impulsa Congreso transición hacia vehículos oficiales sustentables
El Congreso local también aprobó reformas a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el objetivo de impulsar acciones de mitigación mediante la transición gradual del parque vehicular oficial de los Poderes del Estado, los organismos autónomos y los municipios hacia unidades eléctricas, híbridas o de bajas emisiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y promoviendo el uso de tecnologías sustentables.
La panista María Isabel Ortiz Mantilla explicó el tema y dijo que el dictamen promueve una transición gradual, responsable y acorde a las capacidades institucionales para sustituir el parque vehicular oficial de combustión interna por vehículos híbridos y eléctricos, toda vez que la movilidad representa la principal fuente de contaminación en la entidad, al generar el 61% de las emisiones de gases contaminantes.
Precisó que esta reforma no se limita a propósitos generales de política ambiental, sino que establece una obligación de mitigación real que involucra a los tres poderes públicos, a los organismos autónomos y a los municipios.
