Guanajuato, Gto.
La última vez que periodistas guanajuatenses se habían reunido con un fiscal para demandar la resolución del asesinato contra un comunicador, fue en noviembre de 2020, en el marco del homicidio contra el salmantino Israel Vázquez. Ahora los reunió la muerte del silaoense Kristian Uriel Martínez Zavala y llegaron al acuerdo de abrir un diálogo permanente entre fiscal y periodistas.
El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, estuvo flanqueado por el secretario de Gobierno, Mario Jiménez Lona, y funcionarios de la dependencia.
Hubo reporteros y reporteras de medios de información de varios municipios del estado, que habían estado en la protesta realizada el pasado 5 de marzo.
Informaron a las y los representantes de los medios de información que la Fiscalía cumple con el protocolo homologado en el caso de Kristian Uriel, por lo que si bien no se afirma, tampoco se descarta que su muerte fue por un hecho relacionado con su actividad como periodista. Hasta el momento sólo la investigación sigue su curso.
Explicaron los avances de los casos de periodistas, cuya solución se demandó el pronunciamiento leído durante la protesta. Entre ellos destacaron avances en el de Alejandro Martínez Noguez, conocido como El Llanero Solititito, y aclararon que en el caso de Eduardo Manellic Alcaraz Aranda, que desapareció el 20 de noviembre y fue encontrado sin vida tres días después, su deceso no obedeció a asuntos periodísticos, aunque no precisaron de qué tipo “para no entorpecer las investigaciones”. Hay dos personas vinculadas a proceso, entre ellos un adolescente.
Las y los periodistas señalaron que en gestión de Carlos Zamarripa se desestimaron denuncias presentadas por el gremio. El nuevo fiscal se comprometió a atenderlas.
El periodista silaoense Alfonso Machuca denunció que no se resolvieron las agresiones en su contra, sufridas en los últimos años por parte de políticos de esa localidad. También hubo compromiso de atenderlo.
Otros casos denunciados fueron los de agresiones digitales y amenazas a la periodista Verónica Espinosa y el activista Raymundo Sandoval. También el caso del auto del periodista capitalino Antonio Abúndiz, a quien le quemaron su camioneta, y el allanamiento a las instalaciones del portal digital Notus, de Irapuato. Enumeraron agresiones de policías a comunicadores en Irapuato y León. En todos los casos hubo compromiso de seguimiento, aunque el fiscal aclaró que algunos pueden tener sólo un carácter administrativo y no habría responsabilidad penal.
Las y los periodistas recalcaron los casos no resueltos, en especial el de Gerardo Nieto Álvarez, de Comonfort, asesinado en 2015.
El compromiso final fue el de abrir el diálogo y tener más reuniones informativas y de diálogo.
