Celaya, Guanajuato.- La regidora panista Isabel Herrejón, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del ayuntamiento, exigió al alcalde Juan Miguel Ramírez despedir al coordinador de reconstrucción del tejido social, Luis Antonio Tierrasnegras Romero, investigado por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) por acoso sexual.
La exigencia fue planteada luego de que el organismo determinara que el funcionario vulneró el derecho de una trabajadora a una vida libre de violencia en el entorno laboral.
La resolución corresponde al expediente 1378/2025, emitido el pasado 12 de agosto, en el que se analizó la denuncia presentada por una empleada de la coordinación, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Social.
El documento señala que la trabajadora señaló haber sido víctima de violencia sexual y relató diversos hechos ocurridos durante 2025. Dijo que el 16 de abril del año pasado el funcionario le pidió acompañarlo en un vehículo sin mencionarle previamente el destino y ahí hizo propuestas inadecuadas. En su declaración dentro del procedimiento, el funcionario negó estos hechos.
La resolución también refiere que posteriormente continuaron comentarios relacionados con la apariencia personal de la trabajadora, entre ellos cuestionamientos sobre por qué no utilizaba minifalda.
Como resultado de la indagatoria, la PRODHEG emitió cuatro recomendaciones. Entre ellas se encuentra realizar las gestiones necesarias para brindar atención psicosocial a la víctima. También se instruyó a la autoridad correspondiente para iniciar una investigación ante la instancia competente. Asimismo, la Prodheg recomendó impartir capacitación a la autoridad responsable y remitir una copia de la resolución al área encargada de capacitación.
Pese a lo anterior, Luis Antonio Tierrasnegras continúa en funciones. El director de Desarrollo Social, Valentín Sánchez Guerrero manifestó que la Prodheg no recomendó separarlo del cargo y afirmó que su dependencia no cuenta con las pruebas que integran el expediente.
Añadió que no emitirá una acusación por su cuenta y que su responsabilidad es cumplir con las medidas ordenadas por el organismo. Sánchez Guerrero agregó que desconoce las evidencias analizadas por la Prodheg.
El funcionario reconoció que durante el año pasado la trabajadora había presentado quejas relacionadas con sus condiciones laborales. Explicó que fue reubicada en tres ocasiones en distintas áreas y posteriormente enviada a la Dirección Municipal de Derechos Humanos.
El funcionario aseguró que el Gobierno Municipal ya aceptó las recomendaciones de la Prodheg y que contó con un plazo de 15 días para presentar pruebas.
Explicó que la comisión que preside, en febrero del año pasado, aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que establece que deben cesar a todos los funcionarios generadores de violencia o transgresores de derechos humanos, y el presidente dijo que debe cumplirlo.
El punto de acuerdo fue firmado por la regidora Isabel Herrejón, además de ella, el síndico de Morena, Francisco Javier Torres Álvarez, y sus compañeros de partido, Ana Laura Benites, Adrián Guerrero Caracheo, Andrés Espinosa y Cristina González; también el edil del PAN, Raúl Alejandro Cuevas Molina.
Postura de la regidora
Isabel Herrejón reconoció que la resolución de la PRODEG, no pide su destitución, pero insistió en que el acuerdo de la comisión debe aplicarse. Acusó que el gobierno de Juan Miguel cometió una revictimización al remover de su cargo a la víctima y enviarla a otra dependencia.
También lamentó que durante la presente administración haya un retroceso en el respeto de los derechos laborales con un incremento en las quejas de acoso laboral.
No es el único caso
Sobre el funcionario señalado pesan otras acusaciones. Una de ellas, presentada previa a la que actualmente fue sancionada, no fue aceptada por la PRODHEG, pero la afectada informó en que insistirá en el tema y que lo llevará a otras instancias.
