Aprueban reformas para fortalecer la protección de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos
Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso local aprobó, por unanimidad de votos, reformas a los artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato en materia de comunidades indígenas y afromexicanas.
Ahora la Constitución local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural y multiétnica del estado; así como el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; en la toma de decisiones de carácter público; en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.
La Carta Magna estatal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, en los términos y condiciones que determine la Ley de la materia; así como de los pueblos y comunidades afromexicanas cualquiera que sea su autodeterminación, tomando en cuenta los principios generales de la Constitución Federal y criterios etnolingüísticos físicos, de asentamientos físicos y de autoadscripción.
Además, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; se agrega que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural; y que el Estado y los municipios garantizarán y fortalecerán la educación indígena intercultural y plurilingüe.
Garantiza la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales, patrimonio cultural material e inmaterial, propiedad intelectual colectiva; así como a su inclusión en la producción y registros de información, estadísticas y encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competentes establecerán los procedimientos, métodos y criterios para inscribir su identidad y autoadscripción; así como el derecho a desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio; así como a la garantía por parte del Estado del acceso a la salud intercultural y al reconocimiento de las personas, incluidos saberes y prácticas.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks habló como autor del dictamen. Señaló que para llegar al producto final se desarrollaron 7 foros de consulta de los cuales 3 se realizaron en las instalaciones del Congreso y tres más en los municipios de San Miguel de Allende, Tierra Blanca y en San Luis de la Paz, junto a las deliberaciones internas de los pueblos y comunidades originarias en compañía con instituciones que rigen la materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Derechos Humanos.
Lo respaldaron Roberto Carlos Terán Ramos, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, María Eugenia García Oliveros y Plásida Calzada Velázquez, quien mencionó que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han sufrido discriminación y acoso en diferentes momentos de la historia en el que se llegó a condicionar el derecho a la ciudadanía. Precisó que en la actualidad existen personas que continúan ejerciendo esfuerzos para el reconocimiento de derechos fundamentales, que son parte de una deuda histórica de más de 500 años que abarca diversos aspectos pendientes relativos a la importancia de la cultura y la identidad de los pueblos y comunidades originarias.
Exhorto al INE
El Pleno del Congreso local exhortó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en el ejercicio de su función estatal responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de acuerdo a sus principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, se garantice la elegibilidad de las personas candidatas para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en virtud de la existencia de candidaturas que no cumplen con los requisitos constitucionales a cabalidad y, por ende, carecen de idoneidad, lo cual los inhabilita legalmente para ocupar los cargos de magistrados y jueces de distrito. El diputado Jorge Arturo Espadas Galván solicitó se le diera el trámite de obvia resolución a la propuesta. La solicitud fue aprobada; y al someterse a votación el punto de acuerdo fue aprobado.
