Guanajuato, Gto.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para que la persona titular del Poder Ejecutivo tenga la facultad de remover al fiscal general del Estado en casos justificados.
La propuesta respaldada por representantes de los diferentes partidos. El ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero expresó que la propuesta implica el tener una administración de justicia más transparente y eficiente. La temporalidad del cargo a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ayudará a evitar el desgaste del ejercicio del poder y los abusos, así como se estaría armonizando con la mayoría de las entidades federativas, destacó.
En la Comisión aprobaron cuatro diferentes proyectos de dictamen de las Minutas Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la primera, en materia de seguridad pública; la segunda, relativa a la protección y cuidado animal; la tercera, relacionada con el tema de prisión preventiva oficiosa; y la cuarta, en materia de simplificación orgánica.
Contreras Guerrero dijo que la reforma para la protección de animales simboliza una lucha de más de 30 años para que se considerara el respeto y no maltrato de los seres sintientes, al establecer como obligatoriedad para todos los estados armonizar sus ordenamientos para lograr una sociedad que destaque por no lastimar a los seres más indefensos y que ayudará a tener mejores seres humanos en la sociedad.
Respecto a la minuta que aborda el tema de prisión preventiva oficiosa, la morenista María Eugenia García Oliveros expresó que en la reforma el grupo parlamentario de Morena propuso tres reservas para excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo, a la defraudación fiscal y ampliar la hipótesis de los distribuidores de procesadores químicos y de sustancias químicas esenciales que son las que provocan, producen las drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados que tanto daño están causando en el mundo.
En lo concerniente a la simplificación orgánica, el emecista Rodrigo González Zaragoza externó que la propuesta está dando pasos hacia atrás en un modelo de concentración y de centralización de facultades que fueron ejemplo internacional en la obtención de pasos institucionales con miras hacia el futuro, agregando que los cambios son retrocesos en temas de acceso a la información pública, transparencia, energías que contribuirán a una descomposición institucional de la vida pública.
El panista Juan Carlos Romero Hicks señaló que la reforma se centra en la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Comunicaciones (IFC), Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua a la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Mismo trámite recibió la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato para la fusión y creación de nuevas secretarías de la administración pública estatal.
En sus intervenciones, miembros de asociaciones e instituciones enfocadas a la atención a personas con discapacidad expresaron que, a pesar de que se mencionan las propuestas que se realizaron en la consulta a personas con discapacidad, no se indica en el documento cómo serán tendidas las inquietudes.
Asimismo, indicaron que se tiene un retroceso porque no se mencionan las atribuciones que tendrá la subsecretaría de las Personas con Discapacidad; que diversas aportaciones que se dieron en las diferentes consultas no están siendo tomadas en cuenta; y que no se contempló en las consultas a las personas con discapacidad que se encuentran internas en centros de reinserción social.
Romero Hicks propuso que no se derogue el artículo 11 y que se redacte en los términos para que se conserven las atribuciones del INGUDIS y dejar en claridad que estas serán absorbidas por la Subsecretaría de las Personas con Discapacidad.
Mientras que la panista Susana Bermúdez Cano y Rodrigo González Zaragoza coincidieron en que la propuesta hecha por la presidencia es un reflejo de la verdadera escucha por atender las inquietudes que se manifestaron en las mesas de trabajo y que es un reflejo del modelo de parlamento abierto y de la participación social. La propuesta fue aprobada.
Finalmente se aprobó la metodología de diversas iniciativas. Tres de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; la primera para otorgar apoyos económicos a mujeres y grupos vulnerables; la segunda, con el objetivo de establecer, fortalecer y consolidar el principio de austeridad republicana en la política pública del Estado de Guanajuato; y la tercera, para contribuir a mejorar las condiciones en que se realizan las labores de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Se acordó que la primera iniciativa solicite opinión de la Secretaría del Nuevo Comienzo, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
La segunda se remitirá la propuesta a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de la Honestidad, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa y a los 46 ayuntamientos.
Mientras que la tercera se enviará a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Paz, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Se acotó que para la propuesta relativa a los apoyos económicos a mujeres y grupos vulnerables, se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas en estudio de carácter presupuestal.
De la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con el objeto de actualizar las facultades y acciones, así como el pago que reciben los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Se aprobó pedir opinión a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a la Secretaría de la Honestidad y al Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, junto a un estudio de carácter presupuesta a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas
Y de la propuesta de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, que busca establecer la obligación de los ayuntamientos de dotar un sistema de videovigilancia y memoria de grabación de larga extensión que cubre en forma íntegra el exterior de las instalaciones policiales, así como el interior.
Se solicitará opinión a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Paz, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a los 46 ayuntamientos de la entidad, al igual que se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado que realice un estudio de impacto presupuestal.
En todas las metodologías se incluye el subir las propuestas a la página web del Congreso del Estado de Guanajuato para consulta y participación ciudadana y posterior a ello se realizarán mesas de trabajo con las autoridades mencionadas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Eugenia García Oliveros y Rocío Cervantes Barba; así como los diputados juan Carlos Romero Hicks (presidente), Aldo Iván Márquez Becerra, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.
