Guanajuato, Gto.- Las diputadas Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá, Briseida Anabel Magdaleno González, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Yulma Rocha Aguilar, Martha Lourdes Ortega Roque y Dessire Angel Rocha, así como los diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que pretende sancionar con la suspensión de sus derechos políticos, electorales y civiles a quienes hayan sido encontrados, por resolución judicial firme, como violentadores de otras personas.
Al hacer uso de la voz, la diputada Briseida Anabel Magdaleno González refirió que el Comité de la CEDAW reconoció que la violencia por razón de género contra las mujeres constituye un grave obstáculo para lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, junto a que es indispensable que quienes acceden a cargos de elección popular actúen en todo momento promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos y procurando la erradicación la violencia.
La legisladora indicó que en el mismo contexto no se debe perder de vista el principio del interés superior del menor, por lo que los cambios plasmados en la propuesta pudieran superar el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a menores y el paternalismo de las autoridades, situaciones que no son favorables para el bienestar físico, mental y emocional de la niñez.
“La presente iniciativa de reformas constitucionales, que se presenta precisamente persigue institucionalizar en nuestro Estado nuevos esquemas, los cuales en síntesis consisten en establecer mecanismos preventivos, como requisitos de elegibilidad, para procurar que quienes posean perfil agresivo, violento o irresponsable no accedan a los puestos de decisión públicos ni a los cargos de elección popular, comisiones o empleos”, dijo.
Magdaleno González señaló que la propuesta busca que no se puedan registrar como candidatas para cualquier cargo de elección popular o ser nombradas para un cargo en el servicio público, aquellas personas que estén prófugas de la justicia, que tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; por violencia familiar, violencia doméstica o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, la legisladora indicó que la misma premisa sería para quienes sean ministros de cualquier culto religioso bajo los términos que señalen las leyes respectivas; el consejero presidente o consejero electoral y el secretario ejecutivo del organismo público electoral local; si ocupo el cargo de magistrado presidente o electoral del órgano jurisdiccional en materia electoral; a menos de que se encuentren separados de sus cargos de manera definitiva por tres años antes del día de la elección.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen; y a la Comisión para la Igualdad de Género para su opinión.
