Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, para reconocer a nivel constitucional a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La propuesta fue presentada por Roberto Carlos Terán Ramos, quien dio la numeralia sobre el tema:
El Censo de Población y Vivienda 2020 registró que Guanajuato tiene una población de 6 millones 166 mil 934 habitantes de los cuales el 0.24% habla una lengua indígena, además de señalar como pueblos originarios y comunidades indígenas de la entidad a la Chichimeca, Ezar o Jonaz; Otomí o Ñahñú; y Pame. Así como a los pueblos Nahua, Mazahua, Purépecha, Zapotecos, Wixárika, Mixtecos, Mixes y Mayas, y demás pueblos y comunidades indígenas que transiten o residan de forma temporal o permanente.
Dijo que son diez los municipios que concentran la mayor parte de esta población (en total son 13 municipios con presencia indígena), siendo los de Tierra Blanca, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Comonfort, Apaseo el Grande, San Francisco del Rincón, Villagrán, Victoria, León y San José Iturbide. En el mismo sentido, se han contabilizado 96 comunidades indígenas en el Estado de Guanajuato.
Añadió que la población de personas que se auto adscriben como afromexicanos en el estado suman aproximadamente 108 mil personas, siendo León con 47 mil 366 el municipio con mayor cantidad, seguido de Celaya e Irapuato, mientras que Atarjea es el menor con tan solo 2 personas.
Terán Ramos recalcó que la reforma tiene el fin de ampliar la protección constitucional de las personas que conforman a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, junto a llevar a cabo una armonización con los recientes cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
