Guanajuato, Guanajuato.- Hacer encuestas, desarrollar diagnósticos y realizar programas con enfoque de respeto a los derechos humanos fueron las posturas de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas al ser entrevistadas por integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado.
La primera en ser entrevistada fue Lucía Berenice Acosta Gómez. Habló de la necesidad de mejorar el sistema; garantizar la transparencia a través de tableros de control; realizar ejercicios de análisis de contexto; la importancia de la sinergia y la corresponsabilidad; fortalecer el acceso a la justicia por medio de un expediente único; rediseñar la atención a través de planes diferenciados; impulsar una reparación colectiva y que resaltó que busca presidir bajo la justicia, dignidad y memoria.
Le cuestionaron sobre los indicadores específicos que propondrá para medir el impacto de los programas de atención a víctimas; el diagnóstico sobre el perfil, las prácticas y el impacto de quienes gestionan el apoyo para las víctimas y como regularlo para protegerlas; cómo garantizaría la disponibilidad de peritos especializados para la reparación de daño y el impacto que tiene en el servicio a las víctimas; y si es necesario incrementar el presupuesto para recurso humano y material, así como las propuestas para generar cambios y mejoras para fortalecer la Comisión, entre otros temas.
Respondió que propone encuestas, espacios con colectivos y familias para la reconstrucción del proyecto de vida desde un enfoque de reparación integral con una política basada en derechos humanos; contar con un padrón de quienes brinden los distintos servicios y se someta a un tamiz de transparencia, con un sistema de participación aleatoria; generar mayor difusión para que las víctimas conozcan que tienen quien los proteja; reforzar el análisis de las reglas de operación; tolerancia cero a actos de corrupción; y el uso de tableros de control en tiempo real que permitan saber en qué se está gastando cada peso.
Efraín Alcalá Chávez fue el segundo en ser cuestionado. Expuso que lleva 15 años en el servicio público y siempre ha estado enmarcado en la defensa de los derechos humanos; destacó la importancia de poner a la víctima en el centro; de ser un comisionado cercano a los sitios de búsqueda y de reducir el número de quejas a cero.
Le preguntaron cómo aprovecharía las herramientas tecnologías para mejorar los procesos de registro y atención a víctimas en el estado; cómo valora el desempeño del Centro Estatal de Atención a Víctimas, las áreas de mejora y cómo eliminar el coyotaje; los mecanismos que propone para incorpora la voz de los colectivos en el establecimiento de prioridades y evaluación de resultados; que los diferenciaría de la administración pasada para brindar una correcta atención de las personas víctimas en la entidad.
Alcalá Chávez respondió que se instalaría un sitio web para que puedan hacer los trámites de registro y acceso a los fondos de reparación de manera digital y sencilla; realizar una semaforización de solicitudes; generar un programa de capacitación especial de los asesores jurídicos; llevar a cabo de manera trimestral mesas de trabajo con colectivos para informar el destino del fondo estatal de reparación del daño; reducir a cero quejas contra el organismo y juicios de amparo; garantizar desde el primer momento el acompañamiento cercano del asesor jurídico; revisar las reglas de operación del fondo de manera inmediata; mejorar la difusión a través de material gráfico; capacitar de manera continua a los usuarios para que sepan con qué elementos cuentan; entre otros aspectos.
El último en ser entrevistado fue Francisco Javier Juárez León, quien refirió que promoverá comisiones municipales de atención a víctimas; una comisión ágil que responsa sin dilación; implementar una plataforma estatal de víctimas; simplificar procedimientos y mejorar los tiempos de respuesta; dar continuidad a los proyectos que las familias promueven; fortalecer el programa de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio o desaparición de sus madres.
Le cuestionaron sobre el plan de capacitación y profesionalización continua que implementaría con un enfoque en perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad; la visión estratégica para mantener a las víctimas como prioridad principal en la política de atención; la estrategia para responder a los requerimientos individuales de las víctimas; cómo garantizará que la reparación integral se otorgue a todas las víctimas directas e indirectas sin importar su nivel socioeconómico; las estrategias para dignificar a las víctimas y evitar su revictimización.
Juárez León manifestó que se cuenta con un sistema que mide la atención que se brinda; se está implementando la plataforma de registro estatal; que la Comisión es una autoridad que ejecuta lo que otra autoridad define, para la reparación integral se requiere que un juez determine o condene a la reparación del daño, y ahí empiezan a evaluar y cuantificar la reparación; los asesores jurídicos deben estar especializados, son capacitados en materia de género; fortalecer la figura de asesor jurídico, quien debe de estar desde la presentación de la denuncia hasta el seguimiento; escuchar a las víctimas y a los integrantes del Sistema para que se sientan arropadas y representadas; ir a dónde están para saber lo que les duele y proponen; y que se están trabajando dos memoriales uno en Salvatierra y otro en Celaya.
El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks comentó que se respondieron 72 preguntas, que lo que seguía en el proceso era evaluar si las personas cumplen con los requisitos y sería el martes 18 de noviembre a las 9:00 horas, cuando se reunirían para dictaminar y poder remitir al Pleno para que determine lo que corresponda, siendo un tema que requiere mayoría calificada.
Estuvieron presentes las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla, Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba y María Eugenia García Oliveros, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales), Sergio Alejandro Contreras Guerrero. Además, los acompañaron la congresista Ana María Esquivel Arrona y el congresista David Martínez Mendizábal.
