Política

PAN propone crear procuradurías auxiliares en los municipios

Guanajuato, Gto.- En Acción Nacional nos comprometimos a generar acciones legislativas en favor de las niñas, niños, adolescentes, con la finalidad de salvaguardar sus derechos humanos, expresó el diputado Alfonso Borja.  

Lo anterior al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y al Código Civil para el Estado de Guanajuato.  

En su intervención, a nombre del GPPAN, el legislador indicó que la iniciativa busca fortalecer a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, así como la coordinación entre el gobierno estatal y municipal para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

Explicó que se pretende incorporar la atribución de los ayuntamientos para establecer procuradurías auxiliares con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones generales, constitucionales e internacionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.  

Asimismo, precisó que se fortalecerán conceptos como: adopción, acogimiento familiar, certificado de idoneidad, informe de adoptabilidad, medidas de protección especial, plan de restitución de derechos, red familiar, reglamento, procuradurías auxiliares, la representación coadyuvante y en suplencia, entre otros.  

El diputado también destacó que con la presente iniciativa se plantea, entre otros aspectos, eliminar los deberes establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que se limita su libertad y autonomía progresiva, las cuales deben ser impulsadas. 

“Me parece que todo lo mencionado se engloba en un esquema que el gobierno estatal busca implementar y esta iniciativa es complementaria a esos esfuerzos importantes como los que hoy realiza el DIF estatal, con un esquema de crianza positiva titulado Alianza Guía y que pretende llegar a todos los rincones del estado”, dijo.  

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.  

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