Guanajuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer y actualizar el marco legal para incrementar la competitividad del sector pecuario de Guanajuato, el Grupo Parlamentario del PAN, en conjunto con la Representación Parlamentaria del PRD, propusieron una reforma integral a la Ley Ganadera.
El valor de la producción ganadera en Guanajuato es de 26 mil 582 millones de pesos, consolidándola como una de las principales actividades económicas, lo que demuestra su importancia para la soberanía alimentaria y su aportación al desarrollo.
Por este motivo, y ante el abandono, la falta de capacidad y la indiferencia del Gobierno Federal en la protección del sector, las y los legisladores de Acción Nacional proponen un marco normativo actualizado.
La diputada Ana María Esquivel Arrona dijo que la reforma nace de la urgencia de acompañar a las y los ganaderos guanajuatenses en todos sus procesos productivos, apoyo institucional y priorización de lo local.
“Hablar del sector ganadero es hablar de la gente del campo. Es hablar de una actividad que no sólo produce alimentos, sino que genera empleo, arraigo y cohesión social. Sin el campo, no hay desarrollo posible; sin nuestros ganaderos, no hay seguridad alimentaria ni economía que se sostenga”, dijo.
Con esta iniciativa se busca actualizar, mejorar y fortalecer la cadena de valor de las actividades del sector primario para hacerla más eficiente, articulando procesos, estándares y el encadenamiento productivo.
Esta reforma fomenta la coordinación institucional a través de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado e involucra de manera directa a los 46 municipios. Asimismo, contempla la creación del Programa Ganadero para privilegiar a los productores locales, agregar valor, incrementar la productividad y la formalidad, así como impulsar clústeres pecuarios y agroindustriales más integrados.
Este programa impulsará acciones para fortalecer de manera integral la cadena de valor ganadera en la entidad; además, fomentará la integración de los procesos de producción, transformación, comercialización y distribución entre quienes desarrollen estas actividades en el estado.
De igual manera, los municipios tendrán mayor responsabilidad en materia de sanidad e inocuidad: colaborarán en las labores de inspección, control y vigilancia, y reportarán al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.
Entre los principales beneficios destacan la reducción de brechas tecnológicas mediante la digitalización de trámites y procesos administrativos, un mayor dinamismo económico local y el acceso a nuevos mercados al incrementar la competitividad nacional e internacional. También se busca proteger la salud de los consumidores con mejores controles sanitarios, garantizar la seguridad alimentaria y optimizar la operación de los rastros municipales, entre otros.
La propuesta también busca consolidar una visión actualizada y responsable del manejo pecuario con mejor infraestructura, trámites más eficientes, diversificación ganadera y el fortalecimiento del registro ante el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.
Finalmente, se busca que la Secretaría del Campo sea responsable de promover la integración de los procesos de producción y comercialización, así como de impulsar la digitalización administrativa y designar verificadores estatales, quienes serán reconocidos oficialmente como agentes acreditados en materia de verificación zoosanitaria e inocuidad pecuaria
