GUANAJUATO, GTO.- Por la mañana, el fiscal general, Carlos Zamarripa, confirmó que esa instancia lleva proceso contra siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato, acusados de daños al patrimonio cultural universitario; más tarde, los señalados entraron al salón del pleno para escuchar los mensajes a su favor de parte de las bancadas de la oposición.
Empezó la morenista Irma Leticia González Sánchez, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, “para que deje de amedrentar por medio de la Fiscalía a los estudiantes manifestantes”.
También a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que dé acompañamiento a los estudiantes denunciados. Fue enfática:
“En pleno siglo XXI nos encontramos que la UG y la Fiscalía criminalizan la protesta estudiantil”. La legisladora calificó la denuncia como una venganza y represalia política por las manifestaciones del proceso de la renovación de la rectoría.
Siguieron las emecistas Yulma Rocha Aguilar y Dessire Angel Rocha, quienes en voz de las primera presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la rectora general para que “deje de criminalizar a las y los estudiantes que participaron en las manifestaciones que tuvieron lugar en sus instalaciones del 11 de septiembre al 3 de octubre del 2023”. También para solicitarle que impulse prácticas democráticas que promuevan el diálogo y el respeto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico y derechos de la comunidad estudiantil.
Propusieron se exhorte al fiscal general para que la investigación de los delitos por daños por los que se acusa a los estudiantes sea acorde con el debido proceso, con legalidad y respeto a los derechos humanos. Piden que se solicite al secretario de gobierno para que, a través de la Defensoría Pública, haga efectiva la garantía de una adecuada defensa a los acusados.
Rocha Aguilar se refirió a las notas periodísticas en donde se dio a conocer que la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto abrió una carpeta de investigación contra de Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada; todos alumnos de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato por el delito de “Daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico”; reiteró que se trata de un acto de criminalización. Añadió que no es la primera vez que se criminalizaba a los estudiantes de la UG.
Y la oleada siguió con el señalado como “padrino” de la movilización: el morenista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, quien también presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al Consejo General y la Rectora General de la Universidad de Guanajuato para que conduzcan a la conciliación y entendimiento entre la comunidad universitaria, especialmente con los estudiantes acusados.
El legislador señaló que la rectora incumplió su compromiso de no emprender represalias contra los manifestantes y calificó a la denuncia penal como “persecución política e incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades universitarias”. Agregó que “resulta anticlimática la postura institucional, tratando de deslindarse de la actuación de la Fiscalía”.
Cuestionó a la Fiscalía por seguir del hecho de oficio cuando no está en sus facultades legales, ya que no se trata de un delito de alto impacto.
Finalmente, otro morenista, David Martínez Mendizábal, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, para que ordene el cierre de la carpeta de investigación número 130424/2023 en contra de las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que ejercieron su derecho a la libre manifestación.
También para pedir a la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede y base en Guanajuato de la Primera Región del Estado, Paulina Irais Medina Manzano, para que garantice los derechos humanos de las y los estudiantes criminalizados por la Fiscalía General del Estado; y a la rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, para que en el ámbito de sus atribuciones garantice los derechos de protesta y libertad de expresión de las y los estudiantes.
El legislador resaltó que hay el asunto se debió resolver por otros medios y no con una demanda penal.
La bancada panista guardó silencio. Se limitó a votar en contra de propuestas de obvia resolución; los priistas se abstuvieron y los cuatro puntos de acuerdo fueron turnados a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su dictaminación.
