Guanajuato, Gto.- Multa de 4 mil 811 pesos le impuso el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) al síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos, del ayuntamiento de León, por haber emitido expresiones que constituyen violencia política en contra de las mujeres en razón de género, en este caso hacia la regidora Gabriela Echeverría González, de Morena.
La sentencia fue aprobada por mayoría de votos en sesión pública virtual del pleno del TEEG. El hecho del que está acusado Sánchez Castellanos se registró durante la sesión de cabildos del 3 de febrero del presente año, al analizarse un informe del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).
Al fundamentar su ponencia para resolver este procedimiento especial sancionador, la magistrada María Dolores López Loza expuso que los juzgadores deben evitar inercias y formas sofisticadas de violencia:
En la misma sesión, el TEEG resolvió otros dos procedimientos especiales sancionadores:
Dentro del TEEG-PES-50/2022 tres personas y el PRI denunciaron al entonces candidato del PAN a la presidencia municipal de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores, al candidato a primer regidor de la misma planilla y a diversas personas servidoras públicas municipales, por uso indebido de recursos públicos y de programas sociales, promoción personalizada, violación al principio de imparcialidad y difusión de propaganda gubernamental en tiempos prohibidos.
El Tribunal consideró, por mayoría de votos, acreditada únicamente esta última e impuso una amonestación pública porque se comprobó la existencia de dos publicaciones en redes sociales que dan conocer la entrega de beneficios de un programa social en un periodo no permitido.
Finalmente, en el TEEG-PES-53/2022 el PAN denunció al entonces candidato a presidente municipal de San José Iturbide postulado por Movimiento Ciudadano, Celso Antonio Mata Minutti; por supuesta propaganda electoral no autorizada, actos anticipados de precampaña y vulneración a los derechos de personas menores de edad. El Tribunal consideró inexistentes las infracciones porque las pruebas aportadas fueron insuficientes para acreditar los hechos denunciados.
En el desarrollo de la sesión pública estuvieron las magistradas, Yari Zapata López, presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; María Dolores López Loza, titular de la Primera Ponencia; el magistrado por ministerio de ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, titular de la Tercera Ponencia; así como la secretaria general en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez.
