México
Durante esta semana en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se discutieron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Con ocho votos a favor y tres en contra se dictaminó constitucional la geolocalización, sin previa orden judicial, de llamadas de celulares. Esta modificación de la ley se limita a situaciones como extrosión, secuestro, delitos contra la salud, amenzas y, en situaciones en las que la vida de la víctima esté en peligro. Por otro lado, la reforma a la ley de Telecomunicaciones expresa que las autoridades deberán emitir por escrito el aviso y el motivo por el que será rastreado un celular. Esto con el propósito de evitar abusos a los derechos de los usuarios.
La discusión alredor de esta propuesta se centra en el resguardo de los derechos de los usuarios y, al respecto, el ministro Sergio Valls Hernández se manifestó en contra de dicha iniciativa porque: “La idea de que la única forma de garantizar que no haya un exceso o un uso indebido por parte de la autoridad investigadora y de ahí proteger los derechos humanos ante medidas como la que ahora se impugna, es mediante la previa autorización judicial, como contrapeso institucional.” En esta misma línea de pensamiento se ubica la ministra Olga Sánchez Cordero quien se suma a la protesta de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) al considerar la iniciativa como anticonstitucional.
Con información de: www.dossierpolitico.com (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=138178&relacion=dossierpolitico&categoria=4)
