Guanajuato, Guanajuato.- Los debates legislativos no cesan ni con la Diputación Permanente; mientras que los morenistas golpearon flancos azules como los temas de Seguritech y Secretaría de Salud, el panismo mayoritario respondió con exhortos relacionados con temas estatales.
Lo único que representó la incorporación de una nueva ley fue la declaratoria de aprobación de las Minutas Proyecto de Decreto por las que se reforma la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de simplificación administrativa y transparencia; Poder Judicial; y apoyos económicos a mujeres y grupos vulnerables
Todo eso fue en el contexto de la toma de protesta a Rómulo Catalán Rosas como integrante del Consejo Ciudadano en materia de Búsqueda de Personas.
Solicitan auditoría integral a caso Seguritech.
En el apartado de asuntos general de la pasada sesión de la Diputación Permanente, el morenista Antonio Chaurand Sorzano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que lleve a cabo una auditoría integral de los estados financieros relacionados con los contratos celebrados entre la empresa Seguritech y el Gobierno del Estado de Guanajuato. Y claro, el blanco es “la Casa azul” del exgobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo.
El diputado celayense hizo el recuento del contrato con la empresa para el llamado programa “Escudo”, que tuvo financiamiento de 2 mil 700 millones de pesos durante el sexenio pasado. Fue adjudicación directa y no se frenó a la inseguridad, acusó Chaurand. El tema se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, para su estudio y dictamen.
Sobre el secretario de Salud estatal.
La aguerrida morenista Hades Berenice Aguilar Castillo y su pastor David Martínez Mendizábal presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que separe de su cargo a Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, actual secretario de Salud, en tanto se desarrolla la investigación instruida por la justicia federal.
Y pidieron al fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, también solicite licencia y se separe de su cargo mientras se averigua el tema, pue él era el delegado de la Fiscalía General de la República cuando el ministerio público federal desestimó acusaciones de corrupción contra el hoy funcionario estatal. La diputada sonorense recordó a la mayoría panista que la investigación penal contra el secretario de Salud por corrupción se ha reabierto, por lo que es necesario que se separe del cargo. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
Más tarde, en asuntos generales, la panista Ana María Esquivel Arrona hizo un llamado a que no se politicen los procesos jurídicos ni se utilicen como instrumentos de presión, en alusión a los señalamientos que se han hecho en contra del secretario de Salud. Señaló que hasta este día no existe resolución judicial ni proceso penal que justifique esos señalamientos anticipados.
Piden comparecencia del secretario de Finanzas
La bancada morenista, en voz de Carlos Abraham Ramos Sotomayor, propuso exhortar a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, para que instruya la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, Héctor Salgado Banda, ante el Congreso para que rinda un informe financiero.
Los temas: los 75 millones que recibió el Grupo Pachuca, como donativo para fomentar el deporte y combatir las adicciones y los 25 millones para el Salón de la Fama; otro por 230 millones de pesos como apoyo financiero recuperable, con un plazo de 9 años y una tasa de interés del 6% anual o equivalente a la inflación, préstamo realizado con recursos públicos. Y la cereza del pastel: los casos dcaso de FIDESSEG; Guanajuato Leasing Services S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR; los préstamos y financiamientos dados a familias específicas, favoreciendo negocios con dinero público; así como la opacidad y falta de transparencia en los subejercicios en los años 2024 y 2025, remarcó. El punto de acuerdo se remitió a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
Caso comerciantes leoneses.
Y ya encarrerada y como abanderada de cuanta causa popular encuentra, Aguilar Castillo, junto con Martínez Mendizábal, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, para que establezca de manera inmediata mesas de trabajo permanentes con los comerciantes afectados de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez y del Centro Histórico.
Acusó hostigamiento contra las personas inconformes y pidió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo que analice y dé respuesta efectiva a las peticiones formales entregadas por los comerciantes afectados, intervenga como mediadora en el conflicto, promoviendo acuerdos justos y sostenibles entre el Ayuntamiento de León y las y los comerciantes; así como que implemente medidas de apoyo económico y social de carácter temporal para las familias que llevan más de tres meses sin poder trabajar, con el fin de garantizar que cuenten con condiciones mínimas para su sustento familiar. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio y dictamen.
Piden revisar reglas de operación de programas sociales
El panismo no reviró, sólo fue por la suya y empezaron: ante lo que calificaron de irregularidades por más de 303 mil millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los primeros cinco años del gobierno del expresidente López Obrador, diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una propuesta de exhorto para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una revisión profunda de las reglas de operación de los programas sociales federales, con el fin de prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan.
Susana Bermúdez expuso el tema, acusó entrega de recursos en un padrón con personas fallecidas, registros con CURPs falsificadas, apoyos duplicados a planteles escolares, recursos entregados sin comprobación a asociaciones civiles, compras indebidas de terrenos y automóviles, e incluso “pagos de marcha” sin justificación.
Llaman a reforzar gestiones diplomáticas en beneficio de productores de jitomate.
También presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal a reforzar las gestiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos para reactivar un nuevo acuerdo de suspensión que elimine las barreras arancelarias al jitomate fresco mexicano y garantice condiciones estables de exportación.
Roberto Carlos Terán Ramos fue el que dio voz a la propuesta y narró los pormenores del tema. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario para su estudio y dictamen.
Llaman a recuperar la cobertura de vacunación infantil.
Y nuevamente la dupla PAN-difunto PRD presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que implemente un programa emergente para recuperar la cobertura de vacunación infantil mediante brigadas intensivas en municipios con mayor rezago, garantizando la compra y abasto oportuno de biológicos, el fortalecimiento de la cadena de frío y la disponibilidad de personal capacitado.
En voz de Noemí Márquez Márquez, también demandaron diseñar estrategias de comunicación social basadas en evidencia científica y culturalmente pertinentes que promuevan la aceptación de la vacunación, incrementar los recursos presupuestales para asegurar su sostenibilidad, mejorar los sistemas de información y registro para la planeación y seguimiento efectivo de los esquemas, y presentar un informe público sobre las acciones, resultados y retos pendientes, en cumplimiento de la obligación constitucional de proteger la salud de la niñez mexicana. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.
Piden se transparenten los recursos para la obra del Tren Maya
Y para no quedarse atrás y dar motivo a que Morena les llame “PRIAN”, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de que en ejercicio de sus atribuciones realice las acciones y gire las instrucciones necesarias con el objeto de: transparentar el uso de los recursos públicos erogados para el tren maya; garantizar su viabilidad financiera; informar sobre los subsidios otorgados para esta obra; investigar y sancionar los posibles actos de corrupción; realizar estudios objetivos de impacto ambiental; emprender obras de mitigación de daño al medio ambiente; y se consideren de forma real a los pueblos afectados por la construcción de esa obra.
Alejandro Arias Ávila expuso el tema, argumentó que el tren costó cerca de 550 mil millones de pesos para una obra que ni ha generado crecimiento económico, que ignoró a los pueblos y comunidades indígenas, devastó importantes áreas naturales y opera bajo la subvención del gobierno. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación.
Propuesta por el reconocimiento y facultad de las autoridades indígenas y afromexicanas.
La morenista Plásida Calzada Velázquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato, en materia de reconocimiento y facultad de las autoridades indígenas y afromexicanas.
Con ello se busca establecer en lo relativo al reconocimiento y facultad de las autoridades indígenas y afromexicanas, que en apego a sus sistemas normativos, las comunidades indígenas y afromexicanas, pueden crear reglamentos y/o modificarlos a fin de regular la convivencia comunitaria, así como realizar nombramientos de autoridades, éstas últimas podrán ordenar se publiquen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, dichos reglamentos y nombramientos, reconociéndoles el Estado la facultad para hacerlo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
Inclusión laboral de las personas integrantes de la población LGBTTTIQ+.
La morenista María Eugenia García Oliveros formuló una iniciativa de reforma a las leyes orgánicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; así como a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de inclusión laboral de las personas transgénero, travestis y transexuales en el sector público.
Entre los elementos de la propuesta destacan fomentar la contratación de personas trans y de género no normativo, así como impulsar la creación de espacios seguros de trabajo, libres de discriminación y asegurar la inclusión de personas trans en espacios laborales al interior de los gobiernos locales debe partir del reconocimiento de la realidad de exclusión laboral que enfrentan en un sistema cis-heteropatriarcal, que les niega el reconocimiento como personas activas de la sociedad. La propuesta fue remitida a las comisiones correspondientes.
Finalmente, como parte del orden del día, se turnó a la Comisión para las Juventudes y Deporte la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de Manuel Doblado, que busca reformar la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que el Estado apoye a los municipios para la rehabilitación, reparación o mantenimiento de instalaciones públicas municipales para mejorar el fomento a la cultura física y el deporte, así como ampliar las áreas libres para el ejercicio físico, con especial referencia a los polígonos de pobreza de los municipios.
En asuntos generales, el emecista Rodrigo González Zaragoza habló sobre la baja en la ocupación hotelera, sector esencial para la economía del estado que, dijo, se requiere activar y apoyarlo de fondo, para que pueda recuperarse como se requiere.
Su compañera Sandra Alicia Pedroza Orozco se refirió a la asignación que hará el gobierno municipal de Guanajuato por 58 millones de pesos para la instalación de semáforos, obra que no tiene sustento técnico, y que se adjudicó a una empresa que tiene múltiples contratos con el gobierno estatal, por lo que insinuó que se trataba de otro caso para favorecer a unos cuantos.
La morenista Plásida Calzada Velázquez se refirió a las condiciones en las que viven personas indígenas de Oaxaca, Chiapas y otros estados que encuentran trabajo en Guanajuato, y recordó el caso del Ramillete en Dolores Hidalgo C.I.N. Además, resaltó las acciones que tiene que llevar a cabo el Estado para dar certeza a la población.
Finalmente, la panista Susana Bermúdez Cano mencionó lo relativo a la adquisición del terrero para el recinto ferial de Silao, y remarcó que la alcaldesa ha actuado conforme a derecho, con responsabilidad administrativa, y no ha sido una decisión unilateral como se ha querido hacer ver. Aguilar Castillo le reviró y manifestó que mandaron hacer un avalúo respecto al citado tema y que sí hay sobreprecio en los terrenos. Agregó que el tema del secretario de Salud ya se judicializó, que no se está inventando nada.
Nuevo integrante del Consejo Estatal de Búsqueda
Y como parte de lo que es más propiamente su trabajo, la Diputación Permanente tomó protesta al ciudadano Rómulo Catalán Rosas como integrante del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato.
