Ciudad de México.- Respaldado por compañeros legisladores y del Congreso de la Unión, el senador Gerardo Sánchez García lanzó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Guanajuato en que se analice, reestructure e implemente acciones, con el fin de garantizar la seguridad de los guanajuatenses.
La propuesta se justifica en el crecimiento de la inseguridad y delincuencia en la entidad, el índice de homicidios y crímenes violentos, lo que coloca a Guanajuato en el número 21 de los 32 Estados de la República con mayor violencia, de acuerdo con el Índice de Paz de México 2016.
La solicitud fue firmada por: Miguel Romo Medina, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Graciela Ortiz González y Diva Hadamira Gastélum Bajo y del diputado Yericó Abramo Masso, todos del Grupo Parlamentario del PRI.
De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta, una de las razones a las que obedece el incremento de la violencia es a la deficiente y falta de políticas públicas implementadas en la entidad.
“La violencia desatada por grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, la desigualdad económica que permea en la entidad, aunado a las deficientes políticas públicas implementadas, dan como resultado que el Estado de Guanajuato sea ahora uno de los más inseguros del país y que sea cooptado por el crimen organizado”, se expone.
En el documento los legisladores señalan que la percepción de inseguridad en Guanajuato sigue creciendo, y que incluso es posible considerar que este problema ha rebasado el gobierno de la entidad, pues en años pasados se consideraba pacifico a Guanajuato y ahora se traduce en temor, miedo e incertidumbre.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante los primeros seis meses de 2016 Guanajuato sumó 439 asesinatos, siendo abril, mayo y junio los meses con mayor número; ascendiendo a 84, 88 y 90 asesinatos respectivamente, lo cual representó un promedio de 2.8 personas que perdieron la vida diariamente.
Empero en el informe correspondiente al mismo periodo del presente año, se expuso que las cifras aumentaron considerablemente respecto a 2016. Durante el periodo enero-mayo, los homicidios dolosos se incrementaron en 43 por ciento mientras que los culposos se incrementaron en 31 por ciento, lo cual coloca a Guanajuato como la entidad con mayor número de víctimas de homicidio del país.
En el exhorto se trata el tema de homicidios culposos, donde se especificó que un 65 por ciento de los mismos, corresponden a accidentes viales y donde se argumentó la deficiente planeación de políticas públicas en vialidad, falta de infraestructura y segura, además del fomento a la cultura de respeto al peatón en Guanajuato.
Ya en el tema de ejecuciones, los homicidios según el índice Delictivo Nacional, Guanajuato ocupa el primer lugar en ejecuciones, es decir los referentes con el crimen organizado, con un índice de 177 por ciento durante el primer trimestre de este año, por arriba de entidades como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, entre otros.
Y refirieron a los medios de comunicación, que dan cuenta de dicha situación, citando a lo publicado en Reforma con fecha martes 27 de junio de 2017, que destacó :“el viernes 23 de junio en Guanajuato la Policía Federal (PF) decomisó 12 mil 113 cartuchos útiles, 9 arma largas y una corta, 4 miras telescópicas y 32 cargadores”.
También, el diario El Universal destacó el 02 de julio, que dos policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron calcinados en el Municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.
Además, dentro del exhorto se tocó al tema del programa de seguridad estatal “Escudo”, donde se expuso que ante una inversión de más de dos mil 700 millones de pesos, la adquisición de tecnología e implementación de la misma, no se ha logrado nada en contra de la inseguridad y que contrariamente, va en aumento.
“Incluso, el pasado 11 de mayo el H. Congreso Local de Guanajuato presentó un Punto de Acuerdo por el que se ordena a la Auditoria Superior del Estado una auditoria sobre los resultados obtenidos de las operaciones realizadas en materia de seguridad pública del Programa Escudo; así como una Auditoria de Desempeño en el enfoque de cumplimiento del mismo”, se recordó.
Además, se citó que en la columna Kiosko del diario El Universal del 25 de junio de 2017, se señaló que por violencia, el gobernador de Guanajuato pide ayuda a la Federación porque la violencia que vive el Estado superó todos los indicadores históricos de los que se tiene registro, principalmente en homicidios.
“Pidió al Gobierno Federal 600 elemento de la Gendarmería Nacional. Y no ha tenido respuesta por parte de la Segob que solo tiene 150 agentes en la entidad y que será hasta el otro año cuando podría comenzar a operar la Brigada Militar de 3 mil 200 elementos que reforzarán la seguridad en Guanajuato”.
Con lo anterior, se pidió respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato, que se implementen las acciones necesarias para garantizar la seguridad pública en la entidad, además de reforzar con presencia militar en el Estado y municipios a fin de salvaguardar la integridad de los guanajuatenses.
Se pidió además, que la PGJE remita un informe sobre la la incidencia delictiva registrada en averiguaciones previas iniciadas por la dependencia y el estado que guardan dichas investigaciones y un informe, con soporte documental y estadístico, sobre los resultados obtenidos en la implementación del programa de seguridad “Escudo”.
Finalmente, se pidió a la Auditoria Superior de la Federación para que lleve a cabo una auditoria respecto del ejercicio de los recursos asignados al Gobierno de Guanajuato como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El exhorto, se turnó a la Primera Comisión del Senado para su estudio.
