Guanajuato, Gto.- Los morenistas Ernesto Millán Soberanes y David Martínez Mendizábal presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato para que dicte una resolución y ordene la clausura definitiva del fraccionamiento Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa.
Plantean que el Congreso del Estado instruya y disponga lo necesario para que se elabore y dictamine un estudio de afectación ambiental en el que deberán indicarse las medidas de restauración y compensación a efectuarse para garantizar la remediación de las afectaciones ocasionadas por ese proyecto inmobiliario.
También quieren que se solicite a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General estatal para que finalice la investigación y, en su caso, lleve a cabo las acciones de responsabilidad penal correspondientes a la carpeta de investigación del citado asunto; y tanto a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT) como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a fin de que colaboren con el objeto de procurar justicia ambiental.
En febrero de 2023, las organizaciones medioambientales Acción Colectiva y Movimiento Colibríes Guanajuato denunciaron irregularidades en torno a los permisos de uso de suelo en el fraccionamiento en la comunidad de Santa Rosa ‘La Cucursola’, que desde octubre de 2022, se ofrecen en preventa los terrenos.
El fraccionamiento es de la propiedad mercantil Loma de Irapuato, S.A de C.V y su representante legal es el exdiputado de Acción Nacional, Sergio Fernando Ascencio Barba.
Al hacer referencia al tema, Millán Soberanes, quien también es candidato a diputado local, manifestó que en medio de una crisis hídrica y ambiental sin precedentes que se vive tanto en el estado de Guanajuato como en su municipio capital, la destrucción de bosques y ecosistemas para la construcción de proyectos inmobiliarios ilegales e indebidamente autorizados sigue prevaleciendo.
Las autoridades estatales encargadas de procurar la justicia ambiental en la entidad, dijo “son extraordinariamente frágiles al momento de aplicar la ley y sancionar a quienes, con sus actividades, ponen en riesgo los bienes comunes naturales de las y los guanajuatenses”.
Asimismo, comentó que, de una revisión a las licencias, permisos y autorizaciones otorgadas al citado fraccionamiento se podía observar que las autoridades municipales en materia ambiental y de desarrollo urbano no sólo han sido complacientes, sino que han pervertido la aplicación de ley para ayudarle al propietario y a su empresa a imponerse por sobre el interés general de la sociedad y su derecho humano al medio ambiente sano.
El congresista detalló las acciones legales que han sido promovidas por organizaciones de la sociedad civil y las causas por las cuales se oponen a la construcción de ese espacio habitacional, entre ellas se fragmenta el territorio y se alteran los servicios ambientales que ofrece la Sierra de Santa Rosa; les afecta y empobrece; debilita el tejido social de las comunidades, entre otras.
Entre las varias irregularidades que cita, el diputado mencionó que no se cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), por lo cual la obra se encuentra suspendida. Además, comentó que se han realizado una serie de denuncias por la forma en que se hicieron las cosas, las cuales no cumplen con lo señalado en la norma.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen (y seguro archivo).
Pide mayor supervisión a notarias del estado.
Otro morenista, Cuauhtémoc Becerra González presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal y al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para que de manera pronta se tomen las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para que se dote de recursos materiales y humanos a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y de Notarías del estado de Guanajuato con la finalidad de que cumplan con eficacia y eficiencia la supervisión de las notarías públicas en esta entidad, y se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
