Guanajuato, Gto.- Las y los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado solicitarán a la Universidad de Guanajuato informe si mantienen o han retirado los cargos por daños levantados contra estudiantes que protestaron por el procedimiento de designación de la actual rectora general, Claudia Susana Gómez López.
Con la presencia de representantes del grupo de siete estudiantes que enfrentan los cargos, la comisión realizó una mesa de trabajo para revisar cuatro propuestas de punto de acuerdo que plantean exhortar a diversas autoridades para evitar que se criminalice a estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) por manifestarse.
El primero solicita a la rectora de la Universidad de Guanajuato para que deje de amedrentar por medio de la Fiscalía a los estudiantes manifestantes. También solicita que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato dé acompañamiento a los estudiantes denunciados.
El segundo es para pedir a la rectora general que deje de criminalizar a las y los estudiantes que participaron en las manifestaciones que tuvieron lugar en sus instalaciones del 11 de septiembre al 3 de octubre del 2023. También le exige impulsar prácticas democráticas que promuevan el diálogo y el respeto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico y derechos de la comunidad estudiantil. Al Fiscal General del Estado se le demanda garantizar que la investigación de los delitos por daños por los que se acusa a los estudiantes se realice observando el debido proceso, con legalidad y respeto a sus derechos humanos. También demanda al al titular de la Secretaría de Gobierno para que a través de la Defensoría Pública haga efectiva la garantía de una adecuada defensa a las y los estudiantes acusados de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, derivado de su participación en las mismas manifestaciones.
La tercera propuesta de exhorto va dirigido al Consejo General y la rectora general para que conduzcan a la conciliación y entendimiento entre toda la comunidad universitaria, especialmente para con los estudiantes acusados, así como para los profesores que expresaron su apoyo a candidatura diversa de quien fue electa. Añade que se cumpla con lo convenido con los estudiantes y eviten la criminalización del derecho de protesta social.
La cuarta propuesta de exhorto plantea pedir al fiscal general que ordene el cierre de la carpeta de investigación número 130424/2023 en contra de las y los estudiantes; a la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede y base en Guanajuato de la Primera Región del Estado, para que garantice los derechos humanos de las y los estudiantes criminalizados por la Fiscalía General del Estado en la causa penal 1P1424- 89; y a la rectora general de la UG para que garantice los derechos de protesta y libertad de expresión de las y los estudiantes.
La morenista Irma Leticia González Sánchez recalcó también que las respuestas ofrecidas por la Universidad de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado eran ambiguas, donde no se establece si se retira o mantiene la acusación contra las personas demandadas, por lo que consideró que el dictamen derivado de las propuestas de exhorto debe ser en positivo.
El panista Armando Rangel Hernández aceptó que se trata de un documento ambiguo, pero propuso pedir a la Universidad que puntualice si se retiró o no la carpeta, y con base en eso determinar el sentido del dictamen.
Sandra Pedroza Orozco, asesora de la diputada Yulma Rocha, se sumó a lo expuesto por la congresista Irma Leticia González Sánchez al señalar que se debía emitir el exhorto, independientemente de la respuesta complementaria que se dé por parte de la Universidad de Guanajuato.
Finalmente, se determinó que será en sesión de la Comisión donde se haga la solicitud de información sobre si se retiró o no la denuncia, para posteriormente determinar el sentido del dictamen.
Estuvieron presentes en la reunión las diputadas María de la Luz Hernández Martínez, Lilia Margarita Rionda Salas e Irma Leticia González Sánchez, así como el diputado Armando Rangel Hernández. Además, los acompañaron asesores de los grupos parlamentarios del PAN y MORENA, así como de la legisladora independiente.
Toman diversos acuerdos en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura
Horas antes, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura tuvo una sesión para dar trámite a diversos asuntos.
Radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de dos iniciativas. Una, pretende reformar la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato con el objeto introducir los conceptos y acciones de remediación y compensación del patrimonio; fortalecer la dimensión colectiva de las manifestaciones materiales de la tradición popular; y dar la importancia que merece a la formación en cultura turística para profesionales y personal de contacto con las y los visitantes.
Para su estudio se remitirá a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al Instituto Estatal de la Cultura, a la Coordinación General Jurídica y a los 46 Ayuntamientos.
La otra propuesta busca modificar la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios para incorporar la obligación a los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, el concientizarlos sobre el peligro de realizar acciones promovidas en medios cibernéticos como acciones violentas que pongan en peligro su salud y su vida o la de terceros que constituyan violencia escolar.
Se enviará a la Coordinación General Jurídica, a la Secretaría de Educación y a la Asociación Estatal de Padres de Familia.
Ambas iniciativas tienen como plazo límite para que los entes consultados envíen sus comentarios el 13 de agosto, se establecerán micrositios en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta ciudadana y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
La Comisión dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, a fin de que reconsidere el cierre de escuelas de nivel básico y genere las estrategias y políticas transversales necesarias para abatir la deserción escolar el cual se enviará a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado.
También acordaron modificar la propuesta de mecánica de estudio de la iniciativa que crea la Ley de Convivencia Escolar Pacífica en el Estado de Guanajuato, la cual se remitirá a la Secretaría de Educación, a la Coordinación General Jurídica, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación secciones 45 y 13, al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Educación del Estado, a la Asociación Estatal de Padres de Familia y a los 46 Ayuntamientos para que remitan sus comentarios con un plazo de 20 días hábiles.
Acordaron, de igual manera, realizar una consulta previa dirigida a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de garantizar sus derechos sobre el contenido de la iniciativa; y remitir a las autoridades competentes el resultado de la consulta.
Las y los integrantes de la Comisión dieron entrada a diferentes propuestas tanto de iniciativas como de puntos de acuerdo y exhortos, entre los que destacaron un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a fin de que, en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, genere un programa en la Secretaría de Educación de Guanajuato que garantice el derecho a la educación inicial.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María de la Luz Hernández Martínez (presidenta de la Comisión), Lilia Margarita Rionda Salas e Irma Leticia González Sánchez; así como el diputado Armando Rangel Hernández.
