Por: Federico Velio Ortega Delgado.
Guanajuato, Gto.- Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron una denuncia penal para acusar que el gobierno estatal asignó casi 800 Vales Grandeza a personas que no lo requerían. Es la cuarta denuncia penal que llevan a instancia judicial contra el panismo gobernante.
David Martínez Mendizabal y Alma Alcaraz Hernández integrantes del GPMorena, indicaron ante la agencia del ministerio público que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) detectó que 799 beneficiarios de los vales grandeza, durante 2021, sobrepasaban la línea de bienestar y no debieron ser favorecidos con ese apoyo.
El señalamiento está encuentra en la página 235 del informe de resultados de la cuenta pública 2021 del gobierno del estado. Señalaron que en los primeros 28 renglones, con letra (A) en la columna (I) son los proveedores y que el resto con letra B, en la misma columna son los 771 funcionarios públicos.
Martínez Mendizábal precisó que con esa información no es posible detectar el importe entregado a cada uno de ellos bajo el concepto de Vales Grandeza y que la ASEG, al parecer no realizó la investigación a fondo.
Estos datos derivan de la información que el 16 de mayo la diputada Alma Alcaraz solicitara a la ASEG. Como la indagatoria es insuficiente, presentaron la denuncia para que la instancia anticorrupción de la Fiscalía General del Estado haga lo procedente.
Contra Alejandro Navarro
El pasado 13 de junio, integrantes de la bancada morenista presentaron una denuncia penal contra el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, y Omar Rosas Ojeda, director de Servicios Públicos, como presuntos responsables por el incendio del tiradero municipal y las consecuencias del mismo.
Acudieron David Martínez, coordinador de la bancada; regidora Paloma Robles y los diputados Ernesto Millán y Ernesto Prieto.
Paloma Robles explicó que la denuncia es porque la Presidencia Municipal omitió atender tres recomendaciones emitidas por la Procuraduría de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado (PAOT) en 2019 y 2021: Ausencia de impacto ambiental para el tiradero de basura municipal, ausencia de un sistema de impermeabilización del mismo y ausencia de control de fauna nociva y lixiviados; además de no cumplir con la NOM 083 que rige a los tiraderos de basura.
El 1 de mayo pasado, en el tiradero de basura municipal de la capital inició un incendio, como no lo había habido en los últimos 20 años, que tardó una semana en controlarse, aunque hasta la fecha no ha sido totalmente sofocado.
Acusan que estado benefició a Vicente Fox
En otra de las denuncias presentadas por morenistas, acusaron que el gobierno panista del estado de Guanajuato ha entregado 31.6 millones de pesos a la Fundación Empresarial Guanajuato, encabezada por personas ligadas al Partido Acción Nacional (PAN), para que asesore a organizaciones como obtener recursos del Fideicomiso para Desarrollo Social y Seguridad (FIDESSEG).
La denuncia fue presentada por la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, en la sesión del pleno del Congreso y luego se llevó al ministerio público. Explicó:
El estado maneja 24 fideicomisos, que suman dos mil 445 millones de pesos y con el Fideicomiso para Desarrollo Social y Seguridad (FIDESSEG), que tiene 265 millones de pesos del Impuesto a la Nómina. De ahí entregaron apoyos a organizaciones ligadas a panistas y al ex presidente, Vicente Fox Quesada.
Con el fideicomiso también se benefició, con la aprobación de ocho millones de pesos, a la Fundación Vamos México, del ex presidente del país, Vicente Fox Quesada y su esposa Martha Sahagún, para ampliar el Centro de Rehabilitación de San Miguel de Allende (CRISMA), aseveró.
Contra préstamo para comprar estadio
El 17 de mayo, integrantes del GPMorena en la Cámara de Diputados federal, encabezados por su vicecoordinadora Aleida Alavez Ruiz, acompañaron la denuncia de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, contra el gobierno de Guanajuato, que representa Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por haber prestado 230 millones de pesos al club deportivo de León, recursos provenientes de las arcas públicas estatales.
Alavez Ruiz advirtió que ya se ha presentado la denuncia correspondiente y ahora se solicita que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pues el gobierno estatal ha impedido que la fiscalía de Guanajuato actúe en consecuencia sobre este desvío de recursos públicos.
En junio de 2021 el gobierno estatal entregó 230 millones de pesos a la empresa Fiera Capital Inmobiliaria S. A. de CV., de la familia Martínez, dueños de los equipos de fútbol Pachuca y León. El préstamo se usó para pagar parte de la compra del estadio de León del que era dueño el empresario Roberto Zermeño Vargas, bajo una tasa de interés muy baja y que se mantuvo en secreto, hasta que el dueño del equipo de Pachuca tuvo la indiscreción de revelar la financiación por parte del gobierno estatal.
Bárbara Botello Santibáñez difundió presuntas anomalías y retrasos que se han dado por parte de las autoridades administrativas, incluso de la propia fiscalía estatal, para investigar el caso.
Morena llamó a la Fiscalía General de la República atraiga la denuncia, “no puede ser que recursos del erario, 230 millones, sean desviados para un préstamo a particulares”, señalaron.
Queja ante Derechos Humanos por amenazas e intimidaciones de policías en Irapuato
La diputada local por Morena, Irma Leticia González, presentó el pasado 11 de julio una queja ante Derechos Humanos, al denunciar que sufrió amenazas e intimidaciones por parte de aproximadamente 16 elementos de Seguridad Pública de Irapuato.
La queja indica que el 23 de junio la diputada impartía un taller de tecnologías domésticas en la calle SSA de colonia 18 de Agosto, del municipio de Irapuato. Como no cupieron en una casa, instalaron una mesa en la vía pública y ahí llegaron casi 20 elementos de Seguridad del Municipio de Irapuato, con armas grandes y cortas, con pasamontañas, varias patrullas y motocicletas para intimidarlos.
La diputada aclaró que las personas asistentes al taller no obstaculizaban el paso de los vehículos o realizando algo indebido, por lo que no había motivos para violentarlas. Si bien no fueron sometidas o agredidas físicamente, comenta que el número de elementos en sí mismo ya resultaba intimidante; sin mencionar que fueron amenazadas con ser detenidas.
Debido a ello, se presentó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), en contra del Gobierno Municipal. En ella las acciones de los elementos son consideradas violencia política de género, violencia de género y persecución política.
El documento fue recibido por el procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, para realizar los procedimientos correspondientes.
