Guanajuato, Gto.- Los morenistas sabían que de antemano estaban derrotados y no enviaron a su único representante en la Comisión de Justicia, donde la mayoría panista aprobó el dictamen que ordena el archivo definitivo de la iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Estado de Guanajuato y de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato.
Mismo trámite recibieron las iniciativas de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato y al Código Penal del Estado de Guanajuato en materia de trata de personas; así como la propuesta de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, relativo a temas de estado de interdicción.
Sólo estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como el diputado Bricio Balderas Álvarez. El morenista Cuauhtémoc Becerra no acudió y tampoco lo hizo el priista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, quien suele votar al lado del sector azul.
El argumento de Márquez Alcalá fue que la tortura es un asunto de índole federal y es a esa instancia a la que le corresponde su legislación; a los estados, afirmó, sólo les queda cumplirla para contribuir a su aplicación, al igual que la trata de personas.
No hubo quién le debatiera. La propuesta tenía una dedicatoria: el fiscal Carlos Zamarripa.
En la comisión se radicó la propuesta de punto de acuerdo para exhortar al fiscal general, Carlos Zamarripa, a reformar el Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que tanto el apoyo complementario de seguridad social al término del servicio, como la gratificación por fidelidad al término del cargo, sean beneficios que no puedan ser otorgables al Fiscal General del Estado de Guanajuato.
