Autoridades judiciales de Europa investigan el presunto delito de blanqueo de capitales –previsto en el artículo 301 del Código Penal–, en el que estarían involucrados Ricardo Anaya Cortes, candidato a la Presidencia de México por la coalición “Por México al Frente”; el empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda y el también empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, informó este miércoles el diario El Español.
Se trata del mismo periódico digital que en su momento dio a conocer, como primicia, la investigación y el arresto de Humberto Moreira, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador del estado mexicano de Coahuila, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El diario hispano revela que, “según nuestras fuentes”, las autoridades europeas investigan la creación de una estructura financiera generada en terceros países y paraísos fiscales “a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”.
“Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”, establece el periódico de la península ibérica.
También aclara que la investigación se relaciona con la que emprendió en México la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a actividades que, presuntamente, involucran actividades de blanqueo de capitales.
En la investigación de la Procuraduría General, que data del 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.
De acuerdo con el diario español, las nuevas pesquisas de las autoridades europeas se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva “que demuestra que, del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.
La investigación arroja hasta ahora, plantea El Español, que Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hotelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.
“El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales”, plantea el diario.
El blanqueo de dinero, también conocido como lavado de dinero, lavado de activos o lavado de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
Hace dos días, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, afirmó que Anaya Cortés “lavó dinero”.
“Hoy queda, abundantemente claro, que lavó dinero [Ricardo Anaya] en una operación inmobiliaria”, manifestó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo que hizo Ricardo Anaya jurídicamente hablando es idéntico a lo que hizo Roberto Borge, no hay absolutamente ningún matiz ni ninguna diferencia, declaró el también ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.
Durante el primer debate presidencial de la campaña electoral 2018, Anaya se defendió de esas acusaciones, que datan de marzo pasado.
“No existe ninguna acusación en mi contra y todo ha sido completamente mediático”, expresó el candidato panista, y añadió: “Siempre me he conducido con la legalidad, así como puedo mirar a los ojos a los ciudadanos”.
BAJO SOSPECHAS
Ricardo Anaya Cortés de estar involucrado en una triangulación millonaria de recursos de dudosa procedencia.
No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento deshonesto. Sin embargo, al menos en lo legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.
Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.
Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y “amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de personas ligadas al caso.
Un ejemplo de su falta de transparencia fue dado a conocer por la revista Proceso en 2015, cuando refirió que Ricardo Anaya Cortés “mintió” en su última declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), ocurrida en 2011.
Proceso documentó que, en dicha declaración, el panista no mencionó ser accionista de la empresa Cintla de S. de R.L. de C.V. En cambio, en su declaración 3de3 de 2015, el político queretano dijo ser accionista de dos empresas del sector inmobiliario [Cintla y JuniSerra S. de R.L. de C.V.] desde “hace cuatro años”. Es decir, desde 2011.
“Esa omisión podría ser violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, quizá, pudo incurrir también en falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial”, dijo la revista.
