León, Guanajuato
Un grupo de activistas, denunciaron ante el contralor interno de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato PDHG a su procurador José Raúl Montero de Alba por el excesivo retraso en emitir resolución de un caso en el que al parecer el gobierno municipal coadyuvo en “un acto de terrorismo generado” dentro de una manifestación pacífica.
Los activistas a través de una queja iniciada en la PDHG escribieron en su queja que:
“Resulta aplicable la Ley de Responsabilidades al Procurador de los Derechos Humanos, puesto que se trata de un servidor público, el cual también puede violentar derechos humanos de los ciudadanos, como es el caso, puesto que teniendo la obligación de resolver en TIEMPO BREVE Y EN FORMA SENCILLA, es el caso que NO ha resuelto el caso planteado y eso nos genera una total incertidumbre y nos deja en el limbo jurídico, siendo más que evidente, que su actuación ha sido tibia, cuando se trata de señalar a servidores públicos panistas”.
Además señala el antecedente fue cuando el 21 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento de León aprobó el incremento en el costo del transporte público urbano y suburbano, impidiendo que la ciudadanía conociera con antelación la justificación para dicho aumento, generándose desde ese momento la inconformidad generalizada por esta decisión.
Acto seguido diversos colectivos agrupados en el movimiento identificado como “Coordinadora Popular Leonesa”, decidieron convocar a una manifestación pacífica para el día 2 de enero de 2017, detallando que el día de la manifestación al menos tres policías comenzaron a una generar pánico entre los comerciantes.
De ese hecho se puso una queja contra el gobierno del panista Héctor López Santillana a través de “un acto de terrorismo generado, organizado y ejecutado desde la autoridad” a través del expediente 02/2017-A que se encuentra en la PDHG y que a la fecha no ha resulto nada.
La denuncia resulta extraordinaria, pues se está denunciando a José Raúl Montero de Alba, que es la persona que aparentemente es la encargada de salvaguardar los derechos de las personas y en este caso se ve inmiscuido en una denuncia por la omisión de las mismas.
“la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, cuyo texto refiere: LOS PROCESOS QUE SE SIGAN ANTE LA PROCURADURÍA DEBERÁN SER BREVES Y SENCILLOS Y ESTARÁN SUJETOS SÓLO A LAS FORMALIDADES QUE REQUIERE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS, omitiendo investigar y recomendar sancionar a quienes al interior del gobierno municipal, dieron la orden para que sus elementos policiacos difundieran falsos rumores, provocaran el caos, el cierre de negocios, la zozobra en la población y el terror, para que ni siquiera la ciudadanía pudiera salir a las calles y de esta manera lejos de proteger a la ciudadanía, la afectaron en gran manera, siendo en nuestra opinión, un hecho punible grave ya que el terrorismo no puede ser tolerado en ninguna de sus expresiones y mucho menos si aparentemente proviene del propio gobierno”, dice la queja
QUEJA-ADMINISTRATIVA-CONTRA-PROCURADOR-DE-LOS-D.H.
